El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto de la nueva ley orgánica de municipios, una norma clave que acompañará la reforma constitucional provincial y que establece cómo funcionarán los gobiernos locales en el marco de la futura autonomía municipal. La iniciativa, fruto de acuerdos entre el frente oficialista Unidos y el peronismo, ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde podría recibir sanción definitiva el próximo 8 de abril.
El texto define el marco institucional para las ciudades santafesinas mientras no dicten sus propias cartas orgánicas, las llamadas “miniconstituciones” locales. Además, regula competencias, funcionamiento político y mecanismos de control para las administraciones municipales.
Uno de los puntos que generó debate fue la exclusión de la figura del viceintendente. La propuesta había sido impulsada por algunos intendentes, entre ellos el de Rosario, pero finalmente no fue incluida en el proyecto aprobado por la Cámara alta.
El presidente del Senado, Felipe Michlig, defendió la iniciativa y destacó que permitirá reducir costos en la política. Según explicó, en las 340 localidades de hasta 20 mil habitantes ya no se elegirán concejales cada dos años sino cada cuatro, lo que implicará un ahorro en organización electoral y campañas.
Cambios según la población
La norma también reorganiza el funcionamiento institucional de las localidades según su cantidad de habitantes.
En las 235 poblaciones de hasta 3 mil habitantes habrá un intendente acompañado por tres integrantes de una comisión vecinal que no percibirán sueldo.
En las 81 localidades de entre 3 mil y 10 mil habitantes funcionará una comisión municipal de cinco miembros, con remuneración a definir.
Mientras tanto, en las ciudades de entre 10 mil y 20 mil habitantes los concejos deliberantes pasarán de seis a cinco integrantes, lo que implicará una reducción de cargos políticos.
Más herramientas para los municipios
El proyecto reconoce nuevas competencias para los gobiernos locales en áreas como planificación urbana, desarrollo productivo, ambiente, defensa del consumidor y promoción de la salud. También habilita la creación de áreas metropolitanas y mecanismos de cooperación entre municipios para coordinar políticas y servicios.
En materia de seguridad, la ley aclara que los municipios podrán desarrollar acciones de prevención y monitoreo, pero que el uso de la fuerza y la seguridad pública seguirán siendo responsabilidad exclusiva de la provincia.
Participación ciudadana y control
La futura ley incorpora herramientas de participación directa, como iniciativa popular, consultas y referéndums, audiencias públicas, revocatoria de mandato y presupuesto participativo.
Además, establece obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, junto con sistemas de control externo para las administraciones locales y reglas de responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos.
Una transición ordenada entre gestiones
Otro aspecto destacado es la creación de una mesa de transición obligatoria entre autoridades salientes y entrantes. Este mecanismo prevé la entrega de información sobre el estado de la administración y limita decisiones que puedan comprometer a la gestión siguiente.
La norma también mantiene, hasta que se dicte una legislación específica, la obligación de que los municipios destinen al menos el 10% de sus ingresos al Fondo de Asistencia Educativa y a actividades culturales.
Si Diputados aprueba el proyecto en las próximas semanas, Santa Fe contará con un nuevo marco legal para el funcionamiento de los municipios, adaptado al esquema de autonomías previsto por la reforma constitucional.
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