La iniciativa plantea sanciones, decomisos y una intervención focalizada en una zona prioritaria de la ciudad
El concejal Damián Pullaro presentó en el Concejo Municipal de Rosario un proyecto de ordenanza que busca prohibir la actividad informal de “trapitos” o “cuidacoches” en la vía pública y fortalecer el control del uso del espacio urbano.
La propuesta, ingresada bajo los expedientes N° 278372-P-2026 y 278374-P-2026, establece la prohibición de exigir dinero por el supuesto cuidado de vehículos, así como la reserva irregular de lugares para estacionar mediante elementos como conos, baldes, sogas u otros objetos sin autorización municipal.
Sanciones y decomiso de elementos
El texto incorpora penalidades al Código de Convivencia Municipal, con multas que van de 25 a 500 Unidades Fijas. Además, prevé el secuestro de los objetos utilizados para delimitar espacios en la vía pública cuando se trate de una ocupación indebida.
Según explicó Pullaro, la intención es avanzar con una intervención “ordenada y progresiva”, comenzando en un sector específico de la ciudad para evaluar resultados antes de extender la medida a otras zonas.
Aplicación por etapas y zona prioritaria
El proyecto de decreto complementario propone que la primera etapa se implemente en el cuadrante comprendido por avenida Francia, avenida Pellegrini y el frente costero del río Paraná. La estrategia apunta a concentrar recursos operativos, medir indicadores de conflictividad y, en función de esos resultados, ampliar la aplicación territorial.
“Es necesario garantizar que el espacio público no esté condicionado por presiones o exigencias de dinero”, sostuvo el edil al defender la iniciativa.
Nueva unidad de intervención
La propuesta también contempla la creación de una Unidad de Intervención Territorial para el Uso del Espacio Público dentro de la Secretaría de Control y Convivencia. El proyecto especifica que se conformará mediante la reasignación de personal ya existente, sin generar nuevos cargos ni aumentar el presupuesto municipal.
En paralelo, se prevé la articulación con áreas sociales para abordar situaciones de vulnerabilidad, aunque dejando en claro que ello no implicará habilitar la continuidad de la actividad prohibida.
Desde el punto de vista institucional, la medida se fundamenta en las atribuciones municipales en materia de tránsito y convivencia urbana, con el objetivo de establecer reglas claras para el uso del espacio común.
Los expedientes fueron girados a las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde comenzará el debate legislativo en las próximas semanas.
De avanzar la iniciativa, Rosario podría contar con un nuevo marco normativo que combine prohibición, control administrativo y acompañamiento social, iniciando su aplicación en un área prioritaria y con posibilidad de expansión progresiva.
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